Ya
que esta de moda hablar de corrupción, seria muy interesante mencionar algunas
situaciones de su relación con las crisis carcelaria y penitenciaria que esta
afrontando el país. Seria bueno llamar la atención sobre la naturaleza y la
calidad de los contratos que tanto la USPEC
como el INPEC han realizado -y
están realizando- con las empresas encargadas de suministrar los alimentos a la
población reclusa, con las empresas que venden los servicios de telefonía, con
los proveedores de los artículos de “primera” necesidad que venden en los
almacenes-expendios al interior de los establecimientos, con la empresa
prestadora de los servicios de atención en salud (Fiduprevisora S.A),
con la empresa que presta los servicios de laboratorio clínico para el apoyo en
los diagnósticos médicos ( Laboratorio
Clínico e Inmunológico SAS), con las
empresas que ofrecen sus servicios de fumigación y control de plagas, entre
otras.
También
seria bueno llamar la atención sobre todas y cada una de las “micro”- redes que a diario se tejen al interior de cada establecimiento
de reclusión. Como es sabido, todos los elementos “prohibidos” (celulares,
armas, drogas, licores, etc.) que -hipocritamente-
incautan en los operativos de registro y control en cada uno de los pabellones,
son ingresados y/o comercializados
por algunos funcionarios del INPEC (principalmente,
pertenecientes al Cuerpo de Vigilancia y Custodia). Así mismo, muchos de estos funcionarios reciben dádivas de
algunos reclusos (Jefes de bandas
delicuenciales que ejercen control sobre los internos de cada pabellón), para que les permitan comercializar
dichos elementos “prohibidos”, y para que les permitan ejercer
control (venta) de todos y cada uno de los espacios y elementos para el
alojamiento de los demás reclusos (camas,
camarotes, celdas, baños, colchonetas, utensilios para el aseo personal, agua,
etc.). Igualmente, algunos de estos
funcionarios también reciben dinero para permitir el saqueo y la venta de
alimentos crudos desde las áreas de preparación (“ranchos”) para que
algunos internos los procesen y los comercialicen. Y algunos otros funcionarios
del INPEC que laboran en las áreas u
oficinas administrativas de cada establecimiento, reciben dinero para “agilizar” los tramites correspondientes de documentos para los reclusos
puedan acceder a los beneficios administrativos y/o subrogados penales a que van adquiriendo derecho. Finalmente, los
“profesionales” de la salud que laboran en las áreas de sanidad de cada
establecimiento, ofrecen y venden sus servicios particulares a los internos que
poseen los recursos económicos suficientes para acceder a ellos, dejando de
atender a quienes no poseen dichos recursos.
En
este sentido, algunos programas investigativos e informativos de algunos medios
de comunicación, recientemente han denunciado y constatado la grave situación
que están afrontando algunos establecimientos carcelarios y penitenciarios de Medellín (El Pedregal y La Nacional Bellavista),
y algunas irregularidades (actos de
corrupción) que se presentan en la
cárcel La Picota de Bogotá. Tales denuncias
son reiterativas, pues recuérdese los actos de extorsión denunciados a través
de varios medios de comunicación del país, en los internos recluidos en la cárcel Nacional Modelo de Bogotá fueron víctimas durante varios meses de
2016 (varios funcionarios del cuerpo
de Vigilancia y Custodia del INPEC
les exigían altas sumas de dinero a cambio de “garantizarles” su
seguridad), y recuérdese lo expuesto
en la edición No. 1768 de la Revista
Semana (20 de Marzo de 2016) a propósito del tema:
Por décadas, los diferentes gobiernos de
turnos proponen comisiones especiales y plantean reformas para resolver los
problemas estructurales de las cárceles. Varios ministros de justicia han
diseñado planes y soluciones sensatas para desactivar esa bomba de tiempo. Sin
embargo, la mayoría de las veces esas iniciativas terminan archivadas. Las
cárceles son un botín burocrático y económico gigante y no pocos políticos
durante años se han repartido los dividendos de la torta carcelaria. Muchos
viven de ese caos y son los más interesados en que la situación no cambie.
Así
pues, sería muy importante adelantar exhaustivas investigaciones, realizar
amplias denuncias y aplicar las respectivas sanciones (disciplinarias o penales) a
las que haga lugar, toda vez que cualquier tipo de corrupción exacerba la
crisis carcelaria y penitenciaria y, por ende, la sistemática violación de los
Derechos Constitucionales de los prisioneros. En consecuencia, exhortamos a los
medios de comunicación y a los organismos de control para que lleven a cabo,
cuanto antes, dichas denuncias e investigaciones, no sólo a las entidades del
Sistema carcelario y penitenciario (USPEC
e INPEC), sino también a los
políticos y funcionarios que participan “indirectamente” en el “funcionamiento” de
dicho sistema.
Prisioneros Políticos ELN
Colectivo “Manuel Pérez”
Pabellón:
4
Comeb
- Picota
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